La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobada en 1991, indica, en su artículo 2.2., que la Consejería de Cultura «realizará las gestiones oportunas conducentes al retorno a la Comunidad Autónoma de aquellos bienes con claro significado andaluz que se encuentren fuera de Andalucía». Insiste en ello en otro artículo, el 4.2.: dicha Consejería «velará por la reintegración al Patrimonio Histórico Andaluz de los bienes de relevancia cultural que se encuentran en otras Comunidades Autónomas del Estado».
Estos mandatos nunca se han cumplido. Ni en los largos años del régimen psoísta, ni ahora por el llamado «Gobierno del cambio». El Patrimonio Cultural y su defensa, protección y valorización nunca ha sido una prioridad, a pesar de ser un referente fundamental de nuestra identidad como pueblo y a pesar de la retórica que, a veces, los jerarcas políticos, de uno u otro color, utilizan con meros objetivos electorales.
